El Instituto Adolfo Posada ofrece al personal del Principado de Asturias cursos de formación sobre la nueva ley pública del trabajo.


El Instituto Asturiano de Administraciones Públicas Adolfo Posada, en colaboración con la Dirección General de la Función Pública, ofrece formación a los funcionarios de la administración del Principado interesados ​​en conocer las novedades de la nueva ley de obras públicas, que entrará en vigor el próximo lunes de abril . 24

El primero de los cursos, que finalizó hoy con la participación de alrededor de 100 funcionarios del grupo A1, acercó la nueva norma al personal encargado de su aplicación. El objetivo es que los responsables en materia de personal conozcan en profundidad el texto y sepan aplicar las modificaciones introducidas, incluidos los artículos y disposiciones que integran el reglamento, compuesto por nueve títulos, adicional, transitorio, derogatorio y definitivo. provisiones..

La formación estuvo dirigida al personal de las secretarías técnicas generales, los jefes de servicio y la sección personal de los asesores, así como al personal de la Inspección General de Servicios, los servicios judiciales del Principado y Sespa; los directores y jefes de servicios y secciones o equivalentes de las direcciones generales de la función pública, del profesorado del Ministerio de Educación y de la dirección general de profesionales de Sespa, así como los jefes de organismos y consorcios.

La norma ha despertado gran interés en muchos grupos de servidores públicos, por lo que Adolfo Posada seguirá disertando en el próximo semestre del programa de formación de funcionarios de diversos Municipios y Entidades.

La Ley de Obras Públicas es un pilar clave para llevar a cabo la reforma tanto de la autogestión como del gobierno Asturias. El objetivo final es lograr una gestión más ágil del personal, para construir una administración moderna y más eficiente en la respuesta a las necesidades de los ciudadanos.

El texto actualiza la legislación sobre funcionarios públicos, que data de 1985, para adaptarla al actual contexto social, normativo y de prestación de servicios públicos.

Entre otras cosas, regula los mecanismos de flexibilidad y movilidad en la gestión de los recursos humanos, modernizando la oferta de trabajo, así como el diseño de carrocerías y escaleras, para adaptarlas a las necesidades actuales.

También establece los deberes, el reconocimiento de los derechos de los funcionarios y un sistema de remuneración más vinculado a los objetivos y desempeño. También incluye la regulación de la evaluación del desempeño que tiene implicaciones para la carrera, la formación, la remuneración y la seguridad en el empleo. La posibilidad de teletrabajo o mecanismos para conciliar la vida personal, profesional y familiar son otros aspectos incluidos.



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