El principio de no regresión es mío.

Esta semana se anunció una segunda decisión de la Corte Suprema indirectamente relacionada con la mina.. Este vínculo existe porque en ambos casos se decidió integrar, con una de estas modificaciones, y ampliar, con la otra, las condiciones de uso no agrícola y comercial e industrial del suelo no edificable y protegido, al menos, por el plan urbanístico.

Una situación similar a los casos que se resolvieron en las dos sentencias de la Corte Suprema podría presentarse en el proyecto de la mina de litio de Valdeflores., no solo para la excavación subterránea en sí, sino también para la construcción de la planta industrial de procesamiento de litio que los promotores de la iniciativa quieren construir. Las excavaciones y plantas se proyectan en terrenos no urbanizables que gozan de un cierto grado de protección ambiental en el plan urbanístico. Ambos, o al menos uno de ellos, requerirán una modificación del PGM.

En el último periodo se decidió un cambio al plan general aprobado en 2019. Lo que se pretendía con este cambio, aprobado por el ayuntamiento y la junta, era la implantación de unos usos productivos, principalmente para el almacenamiento de residuos y residuos y para la gestión y reciclaje de residuos, en suelo protegido no urbanizable.. Este cambio de plan permitió estos usos productivos sin degradar la tierra, que conservó su protección ambiental.

El TSJEx ya había confirmado la actuación de la asociación ecologista Adenex en una sentencia anterior y había declarado la nulidad de este cambio de planes. El Ayuntamiento, la Junta Directiva y la empresa Recusoex, que se dedica al sector del reciclaje, han llevado el caso al Tribunal Supremo y Propusieron fijar la doctrina jurisprudencial en la siguiente cuestión: establecer si la aprobación de una reforma al plan urbanístico tendiente a establecer usos y actividades en suelo protegido sobre los que no se puede edificar podría vulnerar el principio de no regresión ambiental, manteniéndolo dentro del ámbito de los instrumentos de protección ambiental..

En su análisis de esta cuestión, el Tribunal Supremo recuerda que la ley de cambio climático incluye entre sus principios rectores la no regresión. En virtud de este principio, ni la actividad de una administración ni la práctica judicial pueden dar lugar a una reducción o retroceso de los niveles existentes de protección ambiental del suelo, salvo en situaciones fundadas en razones de interés público.

El Tribunal Supremo decide que una regresión en los niveles de protección del suelo se deriva no sólo de su degradación a suelo protegido, sino también de la modificación de los usos de este suelo. En otras palabras, los sistemas fotovoltaicos, tema tratado en la primera tesis, o los usos industriales, tema tratado en la segunda, violan el principio de no regresión ambiental.

El tribunal admite que un plan o protección no puede permanecer siempre invariable y que no se trata de impedir la adaptación de las BPM al desarrollo económico y social, pero especifica que siempre debe estar orientado hacia un desarrollo sostenible.

Según el Tribunal Supremo, el principio de no regresión exige que cualquier modificación del plan, en la medida en que reduzca el nivel de protección ambiental, debe tener siempre una justificación de interés público imperante, claramente justificada y de entidad suficiente, y no entra dentro del ámbito de aplicación cuando dicha justificación es de interés particular o privado por su especial trascendencia social..

El Tribunal Supremo, al igual que el TSJEx, no mantuvo las instalaciones de sistemas fotovoltaicos ni la inclusión de algunos usos industriales porque no se demostraba un interés público predominante, pero sobre todo un interés privado siendo los impulsores de estos cambios de planes de negocio (Iberdrola y Recusoex), y ello a pesar de que la administración ha justificado que la energía solar contribuye a la lucha contra el cambio climático.

Para la modificación del plano de excavación de una mina y la instalación de una planta industrial con sus relaves, deberá estar bien motivada en el expediente como interés público particularmente preponderante, acreditado y general. De lo contrario, no hay lugar para bajar los niveles de protección ambiental.



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