Un recluso solitario agrede a un funcionario de prisiones de Castellón


La Central Independiente de Sindicatos y Funcionarios Públicos (CSIF) ha denunciado un nuevo ataque que tuvo lugar a finales de la semana pasada en las dependencias del centro penitenciario de Castellón I.

Según el sindicato, «el hecho fue cometido por un recluso que se encontraba en el módulo de aislamiento con patologías psiquiátricas y que, en un momento, intentó agredir y golpear al guardia que en ese momento lo custodiaba».

Un incidente que obligó a intervenir al personal del centro y que, según el Csif, “demuestra la necesidad de adoptar medidas urgentes para mejorar la adaptación al medio penitenciario de los presos que ingresan en los centros con problemas psiquiátricos de diversa índole”. .

“A la escasez de personal médico y psiquiátrico en las prisiones se suma el hecho de que los datos de las historias clínicas de los reclusos que figuran en el sistema público de salud nacional no se comunican con los de las actas penitenciarias, por lo que, en ocasiones, los profesionales penitenciarios tienen que llevar …realizan su trabajo con presos que tienen problemas psiquiátricos o adicciones en completa ceguera, con el riesgo que ello conlleva”, denuncian los del CSIF.

Ante esta situación, la central sindical subrayó «la importancia» de «aumentar suficientemente la dotación de los centros con personal médico y psiquiátrico que evalúe periódicamente a los detenidos, porque muchas veces sólo hay un médico por cada 500 detenidos y que «debe haber se enmiende la legislación para reconocer al personal penitenciario como agentes del orden, de modo que los ataques puedan verse como un ataque a la autoridad en lugar de resolverse con meras multas administrativas».

Al mismo tiempo, el CSIF también afirmó que “además de solucionar esta descoordinación entre bases de datos, el personal penitenciario debe estar suficientemente informado sobre las características de los internos ingresados ​​en unidades con problemas psiquiátricos, para que exista una mayor anticipación y prevención”, con medidas como “la comunicación de datos sanitarios entre centros penitenciarios y el sistema público de salud nacional o la transferencia efectiva de competencias sanitarias a las comunidades autónomas”.



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