El estado no permite que el gobierno use fosfuro de aluminio en cultivos agrícolas contra conejos


La Fiscalía General de Medio Ambiente ha abierto expediente de denuncia contra la entonces ministra de Acción por el Clima, Alimentación y Agenda Rural y ahora candidata a diputada, Teresa Jordá, y la directora de ecosistemas forestales y gestión ambiental del mismo departamento, Anna Sanitjas, por el uso de fosfuro de aluminio en carreteras para controlar la cunicultura.

El procedimiento ha sido trasladado al Ministerio Fiscal de Cataluña, según explica la abogada de Lex Ánima, Eva Díaz: «La buena noticia es que se ha abierto el procedimiento, el Ministerio Fiscal lo está trasladando sabiendo que solo atañe a Cataluña, lo presentamos en general porque entendíamos que podía afectar a otras comunidades», explica Díaz. La denuncia se había presentado ante la Fiscalía General por la escasa distancia entre Aragón y la carretera LV-7041 de Soses a Massalcoreig en el Segrià, donde a mediados de marzo los operarios aplicaron el biocida y cubrieron 300 túneles a lo largo de unos 10 kilómetros.

El ministerio solicitó entonces al ministerio una autorización excepcional para el uso y comercialización de productos formulados con fosfuro de aluminio contra conejos en cultivos agrícolas, solicitud que fue rechazada.

El Estado comunicó el rechazo de la solicitud a la Generalitat en un escrito dirigido a El Pacma y a las organizaciones ganaderas Lex Ànima y Fundación Altarriba, en respuesta a la petición de estas entidades de suspender inmediatamente la aplicación del biocida y anular la declaración de emergencia cinegética del Ministerio contra la población cunícola, caso, este último, en el que el Ministerio insiste en que es competencia de la Generalitat.

En la denuncia, las organizaciones protectoras de los animales afirman que Jordà y Sanitjas han concedido y renovado permisos para la cría intensiva de conejos de caza. Dicen que entre 2021 y 2022 autorizaron la suelta de más de 15.000 conejos en Cataluña, incluidos 4.230 en Lleida, y que entre 2020 y 2022 autorizaron la caza de 21.881 zorros, depredador natural del conejo.

Daños causados ​​por conejos en árboles frutales en Lleida.

JARC

Insisten en que han ordenado la eliminación del veneno sabiendo que no es selectivo, señalan que la empresa Miarnau Agritecno figura en el CNAE como «mayorista de cereales» y señalan que ni siquiera se ha publicado ningún anuncio de licitación en el portal de contratación de la Generalitat de Catalunya.

El portal incluso publicó en mayo un concurso de la empresa pública Forestal Catalana para la protección de infraestructuras incluidas en la zona de emergencia cinegética declarada en las comarcas de Lleida mediante la aplicación de fosfuro de aluminio con un valor de contrato estimado de 30.000 euros que fue declarado desierto el pasado 8 de junio.

Generalitati afirma que el uso de fosfuro de aluminio está autorizado en infraestructuras, lugares donde los conejos cavan madrigueras y no representa un riesgo para la cadena alimentaria.

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